miércoles, 4 de julio de 2018

PRIVILEGIOS Y CORRUPCIÓN


Una canción que fue compuesta por Sergio Ortega Alvarado, pianista y compositor chileno en 1973, e interpretada por primera vez ese mismo año por el grupo Quilapayún, poco antes del golpe de estado de Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende. Luego ha sido utilizada en numerosas ocasiones y a lo largo y ancho de todo el mundo, y hasta se han llegado a distorsionar sus orígenes. De ahí que me entristece y me enrabieta cuando la oigo entonar en voces que realmente no conocen sus orígenes ni siquiera el mensaje que encierran sus estrofas.
Parece que nos encontramos en un círculo sin fin, como presos de un remolino que repite los movimientos y las noticias día a día. Nos levantamos y después de asearnos nos sentamos frente a la televisión o leemos los periódicos y la corrupción de nuestra clase política ocupa las primeras páginas de las noticias, y junto a ellas la preocupación de los españoles por las actuaciones de los políticos y sus privilegios o tal vez sería mejor decir prebendas entendiéndolo desde la acepción dada a ese término en sentido peyorativo: “Beneficio, favor o ventaja concedidos de forma arbitraria y no por méritos propios o por el esfuerzo realizado.”
Y si nos centramos en la corrupción de la clase política no es raro leer, con demasiada frecuencia, la detención o imputación de políticos de todos los colores o tendencias implicados en casos de todo tipo de corrupción. Más adelante volveremos sobre este tema. Ahora centrémonos en los privilegios o prebendas de nuestros políticos.
Los políticos, como cualquiera que se dedica a desempeñar un puesto de trabajo, han de tener un sueldo, algo que es comprensible y democrático, de no percibir ese salario por el ejercicio de su labor sólo se dedicarían a la política quienes tuvieran los suficientes ingresos o, como no hace mucho tiempo, dedicarse a la política era suponer que de una manera u otra se habían de conseguir esos ingresos. Lo que ya no es tanto es que además de esos salarios tienen una serie de privilegios derivados de su cargo, a menudo poco transparentes, y otros beneficios cuando se retiran. es lo conocido como “puerta giratoria”, es decir la posibilidad de conseguir grandes contratos, al dejar la política, en empresas particulares o estatales.
Pero antes de seguir adelante hagamos una aclaración pues el generalizar casi siempre resulta injusto y hasta demagógico, ya que no es lo mismo hablar de políticos que ocupan cargos de responsabilidad en los partidos como de los simples afiliados de base; como tampoco es lo mismo comparar a diputados o senadores de las Cortes con los diputados de un parlamento autonómico; ni hacer la comparación del alcalde y los concejales de una gran ciudad, que suelen acumular ingresos por sueldos y gastos de representación, con los de un alcalde o concejal de un pequeño pueblo de unos cientos o pocos miles de habitantes. Dejando esto claro vamos a centrarnos en los privilegios y prebendas de los políticos de las Cortes Generales.
Congreso de los Diputados de España
El salario y los complementos de los parlamentarios lo acuerda cada año las mesas del Congreso y del Senado en una reunión a puerta cerrada y más tarde se incluyen en los presupuestos. Es decir, son sus señorías los que establecen lo que deben de ganar.
El sueldo base de un diputado es de 2.842 €/mes, además de una indemnización para “cubrir gastos” exenta de tributación. En el caso de los diputados electos por las provincias dicha indemnización es de 1.842 €/mes y de 872 €/mes para los electos por Madrid.
El régimen económico de los parlamentarios contempla una serie de complementos mensuales en función del cargo que desempeñen, cantidades que van desde los 700 a los 9.000 euros. La presidencia del Congreso tiene asignado como complemento la cantidad de 9.232 €/mes. Las cuatro vicepresidencias tienen asignado un complemento de casi 3.000 €/mes y las cuatro secretarías alcanzan casi los 2.400 €/mes de asignación por complemento. Los siete portavoces de grupos parlamentarios perciben casi 2.700 €/mes en complementos, y los 18 portavoces adjuntos poco más de 2.100 €/mes.
El Congreso tiene 37 comisiones en funcionamiento y cada una de ellas cuenta con un presidente (1.445 €/mes de complemento), uno o dos vicepresidentes, otros tantos secretarios y muchos portavoces y portavoces adjuntos de cada uno de los grupos parlamentarios. Es así como más de trescientos diputados, es decir más del 87 % de los que componen el Congreso, perciben algún tipo de complemento. Los ingresos medios de sus señorías se establece en torno a los 4.800 €/mes, aunque algunos casi dupliquen esa cifra. 
Tal vez alguien diga que esos ingresos quedan por debajo de los que perciben los políticos de otros países europeos, por ejemplo Alemania, aunque dejando claro que las percepciones que reciben los parlamentarios alemanes no se consideran una contraprestación por su trabajo, es decir salario, sino unos subsidios o dietas que suponen 9.542 €/mes, más 4.318 €/mes de complemento o cuota fija que está exenta de tributación. Lo que hace un total de 13.860 €/mes, lo que casi triplica lo percibido por los parlamentarios españoles. Mas hemos de tener en cuenta que ésta comparación adolece de un gran defecto: se hace directamente. No se tienen en cuenta otros factores como por ejemplo el salario medio de los trabajadores en Alemania (4.121 €/mes) que se ha de comparar con el salario medio en España (1.622 €/mes) mas del 2,5 % inferior. Por lo tanto no se puede decir que los ingresos de los políticos españoles estén muy por debajo de los europeos.
Lo que sí es cierto es que los ingresos directos de sus señorías en España es casi tres veces el salario medio de un trabajador.
A todo esto hemos de añadir que todos y cada uno de los parlamentarios reciben un teléfono móvil de última generación, una tableta electrónica y un ordenador, en los que las tarifas, las llamadas y los datos para navegar por Internet los asume la Cámara, por lo que a ellos les salen totalmente gratis.
Además sus señorías disponen de gastos de manutención y desplazamiento en sus desplazamientos oficiales. En el caso de viajes al extranjero disponen de 150 €/día y si el viaje es por territorio nacional esa cantidad es de 120 €/día. Por otro lado. disponen de 3.000 euros anuales para taxis, aquellos que no dispongan de coche oficial. Y en el caso de que utilicen su coche propio para los desplazamientos se le abona a 0,25 € cada kilómetro recorrido, eso sí previa justificación.
Todas estas cifras a algunos les parecerán excesivas y a otros tal vez insuficientes, lo cierto es que, como señalaba anteriormente, es totalmente democrático que un político debe tener un sueldo por lo que, en teoría, es una labor para la sociedad y el bien común, pero no en una diferencia con el resto de los ciudadanos que los convierte en una clase privilegiada, sobre todo para aquellos que han de sufrir unas indignas subidas de sus pensiones, que más que tales parecen limosnas. Soy la primera que defiende que la política debe ser una dedicación no un sistema de acceso a unos privilegios inalcanzables para cualquier otro miembro de la sociedad.
Cuatro expresidentes y un rey emérito
Otra cosa son lo que yo llamo prebendas. Por un lado las pensiones que en España se pagan a los expresidentes y exministros cuando dejan sus cargos, algo que es poco común en Europa. Sólo España y otros dos países afrontan esos pagos. Los expresidentes perciben una pensión vitalicia de, aproximadamente, unos 90,000 euros, con la particularidad de que al abandonar su puesto pueden entrar a formar parte del Consejo de Estado, lo que significan otros 75.000 euros anuales, en este caso sí incompatibles con la empresa privada. En el caso de los ministros cobran esa pensión durante los dos años siguientes a abandonar su cargo si lo ha ostentado durante cuatro años, en caso contrario percibirán el 50 % del tiempo que hayan sido ministros.
En el caso de los presidentes de las Comunidades Autónomas estas prebendas varían según la Comunidad. En Cataluña el expresidente cobrará, durante cuatro años tras su cese, una pensión y a partir de su jubilación una pensión vitalicia de 100.000 euros anuales. En el País Vasco, el lehendakari percibe, tras abandonar su cargo, durante un año unos 8.000 euros más el 40 % del sueldo que estuviera percibiendo, y después de jubilarse percibirá una pensión vitalicia del 50 % de su sueldo. En otras comunidades los expresidentes pueden entrar a formar parte de los Consejos Consultivos con un sueldo asignado tras abandonar su cargo. Es de justicia aclarar que en algunas comunidades estos privilegios no se reconocen o han renunciado a ellos.
No podemos dejar de señalar el hecho de que sus señorías pueden faltar a sus puestos de trabajo, es decir a sus escaños, sin necesidad de justificación alguna, sólo es obligatoria su presencia en algunos casos puntuales.
Pero sobre todas esas prebendas existen las que recoge el artículo 71 de la Constitución, en sus puntos: 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 
Y he dicho prebendas porque esas garantías sus señorías las han convertido en prebendas. La inviolabilidad es la garantía de que los parlamentarios carecen de responsabilidad jurídica por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. No me extenderé demasiado sobre esta garantía puesto que, al fin y al cabo, tiene mucho que ver con la libertad de expresión aunque existe gran diferencia, desde el punto de vista jurídico, entre las opiniones vertidas por sus señorías en el desempeño de sus funciones y las expresadas por un ciudadano normal. El primero jamás será procesado por lo expuesto en las cámaras mientras que el ciudadano habrá de defenderse en un proceso judicial frente a las acusaciones vertidas por otro o por la autoridad pertinente.
Cámara del Senado español
Es mucho menos comprensible la presencia en nuestra Constitución de la figura de la inmunidad parlamentaria, algo totalmente anacrónico y, además, aprobada por unanimidad por ambas cámaras sin que llegara a presentarse enmienda alguna ni votos en contra.
Sin entrar en otras consideraciones jurídicas y filosóficas excelentemente expuestas en el artículo “La inmunidad de los parlamentarios: más privilegio que garantía” por el catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, don Ramón Luis Soriano Díaz, y que se encuentra a disposición de quien desee leerlo en (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/232233.pdf), sólo señalar que esta garantía parlamentaria tiene su origen en Francia "fruto del conflicto ideológico, político y jurídico que en 1789 existía entre los representantes revolucionarios y los poderes constituidos del Antiguo Régimen, todavía en acción". En el derecho anglosajón esta figura no existe y sus parlamentarios tienen el mismo trato judicial que cualquier ciudadano. Es cierto que los ordenamientos jurídicos de Alemania, Francia e Italia sí contemplan esta figura. Prebenda, y sigo utilizando esta definición porque “un privilegio nacido para proteger la función, (...) se ha convertido en privilegio personal, que (...) permite al parlamentario burlar impunemente y con agravio de la justicia, el Código Penal que a todos los ciudadanos obliga". (Palabras del letrado de las Cortes don Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui).
Tampoco se puede olvidar lo señalado en el punto 3 del mencionado artículo 71 de la Constitución: "En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", copiado literalmente del articulado de la Constitución de 1812, mientras que la constitución más cercana, la de 1931 mantenía que la detención y procesamiento de un diputado podía solicitarla cualquier juez o tribunal tras dirigir el correspondiente suplicatorio a la Cámara. Sin menoscabar la profesionalidad y la honestidad de los componentes del Tribunal Supremo, no podemos olvidar que sus nombramientos corresponden al Consejo General del Poder Judicial controlado por los partidos políticos.
Es comprensible por tanto la impopularidad entre los ciudadanos de esta garantía, convertida en prebenda por sus señorías y que además no tiene visos de que se vaya a modificar, al fin y al cabo es una prebenda que los distancia de los ciudadanos de a pie y los sitúa por encima de ellos en materia de derecho procesal.
Si hasta ahora hemos venido hablando de esta garantía que nuestros políticos han convertido en prebenda, hagámoslo ahora de la lacra más importante que afecta a nuestra sociedad y que, tras el paro, es la mayor preocupación de los ciudadanos españoles. Hablemos de CORRUPCIÓN.
En el diccionario de la Academia de la Lengua, el punto 4 define: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” Si nos centramos en la corrupción política, de la que existen varias definiciones, prefiero la que hace el catedrático don Ramón Luis Soriano Díaz: “La corrupción política consiste en el incumplimiento de una norma realizada por una persona que desarrolla una función pública, con la finalidad de obtener un beneficio, ya sea propio o de un colectivo, social o institucional.”
La corrupción no es un fenómeno exclusivo de España ni de nuestros días. La corrupción aparece durante todos los periodos históricos, y está presente en todas las épocas de esplendor de los imperios o naciones, pero, así mismo, en los periodos de decadencias. Es un fenómeno que no sólo afecta a las cúspides del poder o a los partidos políticos, sino que se prolonga por todo el entramado de la sociedad, por las relaciones económicos y sociales establecidas entre los seres humanos. Quede así claro que, aunque afrontemos este artículo sobre la corrupción en España, no es algo específico de este país. El primer problema que se presenta al hablar de corrupción en España es poder determinar si lo que conocemos, al respecto, es lo que realmente existe o es sólo la punta de un iceberg. La sensación que los ciudadanos tenemos es que la corrupción es algo generalizado a pesar de que el informe de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, señala que España “no tiene corrupción sistémica, sino múltiples casos de corrupción en los niveles superiores de los partidos y en los gobiernos locales y autonómicos»”. Es posible que esta sensación de corrupción generaliza venga motivada por el efecto eco que generan los casos de corrupción, en los que se encuentran implicadas personas conocidas o relevantes de la vida pública (Messi, Ronaldo,… o todos los partidos políticos en mayor o menor grado) que puede llevar a crear una sensación de corrupción mayor de la que en realidad existe. Mas, por otro lado, esa percepción que los ciudadanos tienen con respecto al resto de agentes sociales determinan en gran medida su comportamiento. Dicho de otra manera, si el resto de los ciudadanos tienen esa sensación de que la mayoría de esos personajes públicos y una parte de los políticos incumple las leyes, no es extraño que se sientan legitimados para comportase del mismo modo en determinados ámbitos de la vida en sociedad (percepción de ayudas, cobro indebido del paro, economía sumergida,...).
No voy a entrar a enumerar los casos de corrupción ocurridos en España desde tiempos de Felipe III con uno de los mayores desfalcos realizados por el duque de Lerma, ni en los distintos casos de corrupción ocurridos recientemente en España y que cada día aparecen en los medios de comunicación y están en los juzgados. Usted, amable lector, puede encontrar numerosas referencias a ello en la red. Sí quiero dejar un apunte que, tal vez, nos lleve a conocer el por qué de esta corrupción tan generalizada. Durante el régimen franquista era público que el enchufismo, las recomendaciones y los “premios por la fidelidad” eran la manera de hacer las cosas y alcanzar los logros personales, de tal forma que todo el mundo se habituó a aquel tipo de corrupción. De aquellos polvos estos lodos.
De ahí que los ciudadanos sintamos que la corrupción nos rodea, que la política, la administración, la economía y hasta la misma sociedad están gangrenadas con esa lacra. Es hora de que nos demos cuenta de que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, hemos de exigir que se adopten otras medidas de control pues, aunque el sistema cuenta con mecanismos de autodefensa, es portador de elemento corruptos empezando por algunos miembros de los partidos políticos, los sindicatos y la administración, y aquí si que no me bajo de la generalización ya que esta lacra alcanza a todos ellos sin excepción. Todos ellos se mueven con soltura e hipócritamente en una sociedad tolerante, a pesar de todas nuestras protestas, en esas prácticas perversas que no dejan de ser instrumentos de depredación en provecho de una CASTA.
Sin pretender elaborar unas posibles soluciones a este grave problema, sí se me ocurre un ligero apunte para comenzar a andar en la senda que nos lleve a ello. Más allá de las elecciones habría que exigir reformar las instituciones que la favorecen, sobre todo a nivel de administraciones locales donde la diversidad y, en muchos casos, la falta de control posibilita la fusión del interés de los gestores públicos con el del partido o coalición que gobierna, auspiciando así el nepotismo. De ahí que, realmente, aunque se haya escrito mucho sobre esto no haya mucha iniciativa política en este campo. 
No voy a entrar a elaborar otras posibles soluciones a este grave problema. Aparte de no considerarme preparada para ello ya existen numerosos estudios que las han expuesto. Por mi parte considero muy relevante el estudio realizado por don Ramón Luis Soriano Díaz, al que ya hemos hecho mención anteriormente, en su trabajo “La corrupción política. Tipos, causas y remedios” (revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/download/538/628).
Sí tengo claro que una de las causas que están motivando esta situación es la pérdida de valores en nuestra sociedad, fundamentalmente basada en el liberalismo capitalista donde a todo se le pone un valor. De ahí que las personas, en muchas ocasiones, nos valoramos por lo que tenemos, dejando aparte lo que realmente significa el valor del ser humano, y este se encuadra dentro del sentido ético que cada uno dé a su vida.
                                                                        Al-Juarismi
De ahí que recuerde ahora aquellas palabras que se le atribuyen al gran matemático persa Al-Juarismi (Al-Khwarizmi), al preguntarle por el valor del ser humano. Él respondió: “Si tiene ética entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmele otro cero y su valor será 100. Si por sobre todo eso es además una persona de bello aspecto, agréguele otro cero y su valor será 1.000.
Pero si pierde el 1, que es la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros.
Así de sencillo: Sin valores éticos ni principios sólidos lo único que queda son delincuentes, corruptos y personas que no valen nada.”
No escuchemos, pues, cantos de sirena, dejémoslos para aquellos viejos marinos que decían escucharlas y para Homero en La Odisea. Hoy, en una economía global, los gobiernos están sometidos a consignas de otras naciones más poderosas económica o militarmente, de ahí que todas esas promesas que suelen hacer y las posturas que adoptan frente a los ciudadanos no dejan de ser pura demagogia e hipocresía encaminadas a su propio estado de bienestar.
Ya lo exponía, allá por el año 424 a. C. Aristófanes en su comedia “Los caballeros”, crítica desaforada a Cleón uno de los hombres más poderosos de la antigua Atenas: “Pueblo: tu poder es grande, y todos los hombres te temen como a un amo terrible. Pero tú eres fácil de seducir; te gusta ser adulado y engañado; el que te habla puede engañarte siempre que se lo proponga, porque tu buen sentido se relaja”
La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia, la ignorancia no hará libres a las personas, frente a esos cantos de sirena que pretenden mantenernos distraídos o callados y actuar como cómplices necesarios, es decir como borreguitos amaestrados preparados siempre para caer en manos de cualquier pícaro trasquilador, o en las de un infame manipulador que lleva al rebaño por donde a él le beneficia, o, por qué no, en las garras de un "lobo" hambriento ávido de poder y de riqueza. 
María T. Velasco

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